Derechos de Autor
por Corrás
Mucho se ha discutido en torno al cobro de derechos, cánones, su desigual reparto y el apoyo del gobierno a las actividades recaudatorias de las sociedades que gestionan los derechos de los autores.
Ahora que estamos a las puertas de la Ley Sinde, última vuelta de tuerca, es momento de repasar los antecedentes del «derecho de remuneración de gestión colectiva forzosa«.
Antes de parir este concepto con aire socialista y praxis fascista el último gobierno de Felipe en el 87, la SGAE tenía un trabajo desagradecido y mal pagado persiguiendo a aquellas personas que violaban los derechos de sus autores a la vieja usanza: Denuncia, aportación de pruebas contra el demandado, presunción de inocencia, fallo judicial en el sentido que el juez estimase en base a las pruebas aportadas, recurso,… En fin, todo lento y farragoso, con cantidad de denuncias desestimadas.
En la era de las marcas y del valor añadido, era un incordio que diese tantos problemas reclamar legalmente lo que se ha convertido en una buena fuente de ingresos para aquellos autores consolidados, y con dificultades para encontrar nuevas oportunidades económicas.
Siempre se desvía la atención con el derecho a proteger la obra propia (del que no hay porqué dudar), con el método (sucesivos decretos), que demuestra la buena sintonía entre estos autores consagrados (apoyando sin reparos campañas políticas) y los responsables de la cartera de cultura de los últimos equipos de gobierno.
A mi entender siempre se ha tratado de una cuestión de prioridades, defensa a ultranza de las libertades civiles o modelo americano (por razones de interés nacional, suspendemos temporalmente la igualdad de derechos y trato ante la justicia).
Si estas medidas extremas se tomasen para conseguir el 100% en el derecho de acceso a una vivienda, en el derecho a un trabajo digno, en la persecución de oficio del incumplimiento de convenios y categorias salariales, etc… probablemente también se incurriría en injusticias, esta vez contra una minoría, ya sea con topes salariales, límites al enriquecimiento patrimonial, límites al número de altos cargos concurrentes que se pueden desempeñar, etc, pero obviamente serían medidas más democráticas.
En todos estos años lo que sigue siendo prohibitivo para la mayoría de artistas y técnicos noveles es el acceso al registro o patentado de sus obras/creaciones, conseguir asesoría jurídica para dirimir derechos de autoría con las empresas para las que se trabaja o colabora, reclamar impagos o derechos devengados por el uso de diseños en acciones posteriores a las cobradas, etc.
Tampoco se han puesto límites claros a lo que es registrable o no, con lo que representantes legales de muchos artistas consagrados se dedican a registrar obras del folkclore popular e incluso anónimas para poder reclamar los derechos a posteriori.
Y no está claro que si hacen estas reclamaciones por mandato de los autores, reconozcan que existen fondos a la espera de que aparezca alguien a reclamarlos o pasen a der destinados a diversas iniciativas económicas de la Sociedad de Autores, dando a entender que muchas de las reclamaciones son preventivas, no siendo importante conocer si existen afectados o no, sólo recaudar.
En definitiva, la prevaricación a favor de estas Sociedades con el argumento de defender derechos fundamentales, llevada al límite con la ley Sinde, sólo encubre la disposición del gobierno a hacer labores de cobrador del frac para clientes que no se encuentran en situación de indefensión precisamente, pero que sí salen beneficiadísimos de esta relación laboral, dejando a su vez en indefensión real a millones de particulares e internautas que pagan, pequen de piratería o no, lo que arbitrariamente decida la Sinde de turno en nombre de un colectivo, el de los creadores, que mayoritarimente y por el lado más necesitado, queda fuera del reparto.
No a la Ley Sinde.
Comentarios
Tal como veo yo la cuestión, no entiendo porqué tiene que existir una SGAE; sería mucho más lógico que, en el mundo en el que estamos, cada autor pudiera registrar una obra en una página web ad-hoc del ministerio de cultura a nivel nacional o en la consellería de turno en la comunidad autónoma respectiva, desde la cual se pudieran presentar las reclamaciones oportunas, e investigarla como corresponde, sin necesidad de leyes represivas que se sabe de antemano que no van a arreglar el problema del que se supone que se ocupan, porque el que quiera piratear, encontrará la manera, ni de entidades intermediarias sospechosas.
Así pues, no sé porqué tiene que existir una entidad intermediaria que, a sabiendas de que el problema no tiene solución, hace fuerza en la política para conseguir que un gobierno le permita seguir gestionando un dinero generado por un colectivo de autores de todo tipo, que será repartido de tal forma que se beneficiará más a aquellos que más hayan vendido; obviamente conseguirá que los autores noveles financien el negocio a costa de que, obviamente, las ventas acumuladas por éstos son pírricas.
Añadir que el principio de inocencia queda conculcado, cosa que debería avergonzar mucho a aquellos que hablan de justicia, libertad y democracia, y que además se abre un peligroso precedente para otros campos.
Y sumar que se nos cobrará varias veces por el mismo concepto, que la Red será controlada por un grupo de amiguetes (otro grave precedente), que a los autores noveles prácticamente se les obliga a darse de alta en el grupillo (si no que se despidan de cobrar derechos), que dicho grupillo constituye un lobby que apoya al gobierno, y que éste queda bien ante el mundo y las multinacionales discográficas… creo que tenemos el negocio explicado a grandes rasgos.
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